Un apunte sobre el pecado original de la ciencia del derecho

Por Guillermo Rizzi

(comentario al fallo “RECURSO DE HECHO, P., S. E. c/ Comisión Nac. Asesora para la Integ. de las Pers. Discapac. y otro s/amparo.”, fallado el día 27 de mayo de 2009-C.S.J.N.) [1]

 

El Derecho-Ciencia, sólo asume que es una Ciencia Social desde hace muy pocos años y ello aún hoy –entrando a la segunda década del S. XXI-, continúa siendo una idea muy resistida[2].

Desde el curso introductorio a cualquier Facultad de Derecho debe enseñarse que “…la división de la ciencia del Derecho en sus diversas ramas, se efectúa al solo efecto didáctico y metodológico, conformando la misma una unidad, únicamente escindible como objeto de estudio. Empíricamente todas las subcategorías se vinculan y entrelazan, y la realidad se ve regida por múltiples aspectos del Derecho”[3].

Movido por esas palabras ingresé a la página web del diccionario de la Real Academia Española y cuando escribí las seis letras de la palabra amparo aparecieron varios significados: 1. m. Acción y efecto de amparar o ampararse 1. tr. Favorecer, proteger.; “1. m. Der. El estatuido por algunas Constituciones modernas, europeas y americanas, para ser tramitado ante un alto tribunal de justicia, cuando los derechos asegurados por la Ley fundamental no fueren respetados por otros tribunales o autoridades.” Entonces me pregunté, ¿hace falta agregar algo más?

Sì. En un reciente fallo, la C.S.J.N.[4] asume los dichos de la señora Procuradora: “…la aproximación al complejo proceso constitucional que es el amparo –instrumento y, a la vez, garantía-, tiene que llevarse a cabo en una línea de equilibrado balance que no desvirtúe su especificidad, pero que tampoco coarte con rigorismos antifuncionales el acceso a una pronta intervención jurisdiccional. Como lo ha marcado V.E., si bien este valioso mecanismo no está destinado a reemplazar los medios necesarios para solucionar todo tipo de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual (Fallos: 330:1076), en tanto el objeto del amparo, más que una ordenación o aseguramiento de competencias, es el efectivo resguardo de derechos fundamentales (Fallos: 320:1339; 308:155 y sus citas)”.

Y una vez más la pregunta, y una vez más, la misma respuesta. Es que del fallo que comento surge una postura que viene siendo reiterada por el Máximo Tribunal nacional, en causas análogas como el precedente “I., C. F. c/IOMA”[5], por nombrar sólo algunas de ellas, de las que surge una postura muy marcada que es traída desde la doctrina del fallo “Arvilly”, sent. del 14 de febrero de 2006.

Pero he tomado este pronunciamiento porque entiendo que hace al meollo de la cuestión que me interesa destacar. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al confirmar la desiciòn de la anterior instancia, rechazó in limine la acción de amparo interpuesta. La parte actora dedujo entonces un recurso extraordinario que fue concedido parcialmente respecto de la interpretación de normas federales, y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad. Dicha denegación parcial dio origen a la pertinente presentación directa.

Los padres, en representación de su hijo discapacitado y menor de edad, afiliado al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, promovieron acción de amparo contra la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas y el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, con el objeto de que se le reconozca el derecho a la cobertura total de las prestaciones “Centro de Día Jornada Doble con el adicional del 35% en concepto de dependencia (…) que le brinda el Instituto Jhaiti, sin limitaciones temporales, así como la inmediata regularización de los montos adeudados a fin de garantizar la continuidad de la prestación indispensable para su rehabilitación”.

Para así decidir la Cámara en cuestión resolvió, como único fundamento, que en virtud de lo resuelto en la causa “Agüero, María Magdalena y otro c/ Tucumán, Provincia de y otros s/ acción de amparo”, sentencia del 6 de diciembre de 2005 (Fallos: 328:4303), “…el Estado Nacional demandado asumía en la acción incoada un carácter subsidiario, condicionado a la falta de respuesta favorable por parte de la obra social, contra la cual no estaba dirigida la presente acción y quien sería el deudor principal.”

La sentencia impugnada – dice la Corte – adolece de un rigorismo formal injustificado que no se compadece con los fines de la institución del amparo, particularmente pertinente en materias como las que trata el sub lite relacionadas con la preservación de la salud y la integridad física (arg. Fallos 330:4647, considerando 4; Fallos 328:4640, voto del juez Lorenzetti, considerando 3). Ello es así pues, la actora sostuvo que la obra social se hacía cargo parcialmente de los gastos que originan las prestaciones señaladas y, por eso, accionó únicamente contra los dos organismos del Estado Nacional en procura de la diferencia necesaria para gozar de una cobertura integral.     

Y critica: “Las conclusiones del a quo aparecen como una aplicación mecánica del precedente “Agüero” al sub lite, sin examinar adecuadamente los alcances de la pretensión de la accionante ni las particularidades del planteo de la litis en estos autos. De tal modo, se advierte que la alzada no dio al litigio un tratamiento acorde con los términos en que fue deducido. La decisión de la Cámara importa clausurar a priori la vía procesal iniciada por el afectado, lo cual podría llegar a conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional, como el derecho a la salud; sin perjuicio de las limitaciones que impone esta etapa y de lo que corresponda decidir una vez sustanciado el trámite, por lo tanto, corresponde descalificar lo resuelto por el a quo como acto jurisdiccional en los términos de conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, en tanto existe relación directa entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (Fallos: 310:1882; 314:253; 316:928; 317:177; 319:1625; 321:1462; 327:1721, entre otros)”.

Es tan clara y profusa la doctrina señalada que uno comienza a preguntarse si la aplicación que hacen gran parte de los tribunales provinciales, respecto de la garantía constitucional del amparo, será una especie muy mal comprendida del “derecho a resistir el derecho”, que enseña el constitucionalista Gargarella.

Desde el artículo 43, primer párrafo, la Constitución Nacional también es clara, al reglamentar: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.”

Se trata de una acción y no de un recurso, como bien lo señalan Morello y Vallefín[6]. Es más, dentro del amparo, que comienza por si, con la demanda, existen recursos.

El régimen constitucional y legal del amparo.

La C.S.J.N. consagró expresamente la admisibilidad del amparo, a través de una creación pretoriana. La jurisprudencia anterior al conocidísimo fallo “Siri” afirmaba que la jurisdicción de los tribunales provenía exclusivamente de las leyes ordinarias, nacionales o provinciales, de modo tal que los jueces carecían de facultades para acoger o rechazar acciones o recursos no establecidos en ellas. En los casos de restricciones ilegítimas de la libertad existía el hábeas corpus, pero cuando otros derechos constitucionales resultaban afectados no existía ningún cuerpo normativo que instituyera un procedimiento especial urgente y sumario para su tutela.

Fue en 1957, y en ese caso “Siri” (Fallos 239:459), donde se reconoció por primera vez que bastaba con la comprobación inmediata de que la garantía constitucional ha sido restringida para que sea restablecida por los jueces en su integridad. Luego, en el caso “Kot” (Fallos 241:491) de 1958 la Corte precisó con mayor rigor los presupuestos sustanciales del amparo.

Luego, en 1966, se reglamentó por ley 16.986 en el ámbito nacional y en el provincial a través de normas locales[7].

Ahora sí, en 1994, con la reforma se constitucionaliza a su vez esta garantía.

Breve análisis sobre la nueva norma que regula al Amparo en Buenos Aires.

Entiendo que se hace necesario, antes de continuar, resaltar algunas de las previsiones que se han modificado en virtud de la pretendida vigencia de la ley 13.928[8] y su actual impacto a pocos meses de la reforma. Destaco en primer tèrmino que opino que esta ley es inconstitucional y algùn Juez deberìa declararlo aùn de oficio, ya que el ejecutivo bonaerense no tiene atribuida por la Carta local, la posibilidad de promulgar normas de manera parcial salvo, excepcionalmente, para el caso de la ley general de presupuesto[9].

El art. 6° mantiene el plazo para deducir la acción en los treinta días a partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u omisión y prevé que en el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas el plazo comenzará a computarse respecto de cada uno de éstos.

Se supone que, teniendo la virtud de renovarse periódicamente, la acción podrá intentarse cada vez que la lesión se renueve, esto mejora ostensiblemente la situación en la Provincia de Bs. As.[10]

Más allá de eso hay que destacar que la postura mas actualizada, directamente quita el plazo de caducidad en el amparo o bien lo ata a la doctrina de la C.S.J.N. conocida como “Mosqueda” (Fallos 329:4918), según la cual ese plazo se mantiene pero tiene su inicio desde que cesa el perjuicio y no desde que el afectado tomó conocimiento del mismo.

Morello y Vallefín[11] entienden que el plazo de caducidad no se vió derogado por la norma constitucional y que lo que genera problemas es el cómputo del plazo, que se trata de una cuestión de hecho a la que habrá que estar en cada caso. En el caso de la ley 7.166 esto no sucedìa pues era claro que el plazo se computaba desde que el afectado tomó conocimiento del acto u omisión lesivos.

Otra novedad de importancia se encuentra en el art. 5°, ley 13.928, en virtud de que dispone que a la acción de amparo se aplicarán supletoriamente las normas del juicio sumarísimo contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

En este mismo artículo se prevé que las normas de la ley o las que se apliquen supletoriamente no podrán ser interpretadas de manera restrictiva o dilatoria para la tramitación expedita del proceso. Asimismo, se faculta a los jueces a acelerar el trámite mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

Aquí se plantea uno de los principales cuestionamientos por parte de quienes estamos con la postura que entiende que la vieja ley 7.166 ha sido derogada -más allá del decreto promulgatorio del ejecutivo-, ello porque no podría el Gobernador decidir una supletoriedad de aquella, por encima de las previsiones de la nueva ley, por un lado. Y por el otro, en contra del viejo principio del Derecho que dice: “ley especial posterior deroga ley especial anterior”.

La S.C.B.A., en el reciente fallo interlocutorio “Asoc. Bru” (causa Nº 70.026[12]), del 25 de marzo de 2009, ha tomado la postura que puede entenderse como de la “política judicial” según la cual, ante las deficiencias legales se deben tomar medidas que tiendan a la aplicación efectiva de las leyes, ejemplo de ello son los fallos a nivel nacional “Colegio de fonoaudiólogos” del año 2000 y las más recientes causas: “Defensor del Pueblo”; “Rodríguez”; “Mendoza” o “Verbitsky” -todas entre los años 2006 y 2007-[13]; y “Halabi”, sentencia del 25 de febrero de 2009.

En esa causa se resuelve un planteo de competencia con aplicación del viejo artículo 19 -de la ley 7.166- que con la reforma introducida por la ley 13.101 establece la competencia de la alzada sobre las causas regidas por el derecho administrativo, ante el silencio del legislador en el artículo 17 de la “nueva”[14] ley 13.928.

Sobre la “ultra-actividad del 19” ya se habían pronunciado también las Cámaras en lo Contencioso Administrativo de La Plata –“Paez”[15]– y San Martín –“Sanchez”[16]-.

Otro ejemplo de “innovación” en el régimen del amparo que traerá la vigencia de la ley 13.928 es la previsión del último párrafo del art. 7°, en cuanto regla que en el caso del amparo colectivo, además de los otros requisitos que deberá contener la demanda, deberá identificarse el grupo afectado, indicando la relación o situación jurídica que los une y en cuanto a las medidas cautelares, el art. 9° produce una mejora respecto del régimen anterior, que sólo hacía referencia a las medidas de no innovar.

La norma indicada establece que con la interposición de la demanda o en cualquier estado del proceso podrá solicitarse el dictado de medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo para ello las disposiciones de ese cuerpo normativo y las del cap. IV de la ley 12.008, en lo que fueran pertinentes.

Pero la más destacable modificación es el art. 17, ley 13.928, que contempla que los recursos que se concedan contra las medidas cautelares lo serán con efecto devolutivo, y que sólo con carácter excepcional y fundadamente, atendiendo a las características particulares del caso, podrán concederse con efecto suspensivo.

Las primeras consecuencias de la pretendida coexistencia de dos leyes que regulan la acción de amparo.

La intención del legislador era sustituir la normativa existente por el proyecto sancionado. Esto debería alcanzar para teñir de palmaria inconstitucionalidad la reacción llevada adelante por el ejecutivo al impulsar una especie de promulgaciòn parcial a la norma.

El decreto de promulgación pone en vigencia el texto aprobado, con excepción de las observaciones indicadas, a través de ellas se pretende mantener la vigencia de ambas, so pretexto de una aplicación supletoria a las cuestiones no previstas en la ley 13.928.

La solución adoptada por la S.C.B.A. en “Asoc. Bru” presupone una línea en cuanto a interpretar que las previsiones observadas y/o faltantes en el texto de la ley 13.928 deberán regirse por la ley 7.166, por ejemplo: existe un vacío sobre la producción de la prueba, que no está prevista en la ley 13.928, a partir de la observación del Ejecutivo al artículo 11 –audiencia-, en el cual se preveían estos aspectos, ¿habrá que recurrir entonces al régimen anterior?

También por ausencia de previsión en la materia, cabe entender que cobra aplicabilidad el artículo 21, pero de la ley 7.166, en cuanto, entre otros temas, establece la imposibilidad de articular cuestiones previas, demandas reconvencionales e incidentes.

De este modo, la regulación de la acción de amparo se encontrará en dos normas, no siempre idénticas, por caso pueden compararse los artículos 19 de la ley 13.928 y 25 de la ley 7.166 que no podrían ser citados conjuntamente, ya que éste último incluía como responsables solidarios -si la vencida era la autoridad- a los funcionarios del ente demandado, mientras que esa disposición no figura en el nuevo artículo mencionado.

La S.C.B.A. en el reciente fallo “Vigil”, causa A. 69.506, sentencia del 1 de abril de 2009, en instancia extraordinaria y resolviendo un amparo, dispone aplicar el artículo 19 de la ley 13.928, pero no parece ser esa la idea de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, que han adoptado la postura de aplicar el nuevo artículo de la ley 13.928 y su “corresponde” con el viejo artículo de la ley 7.166.

Consecuencia: además de la indefinición y de que ambos artículos no son “iguales”, se adopta una teoría bastante poco clara respecto a la vigencia de las leyes provinciales, sus reglamentaciones[17] y los principios generales del Derecho. Una vez más la Justicia en lugar de dar a cada uno lo suyo termina preocupada por la imprudente falta de compromiso de los poderes que debe fiscalizar.

La “asignación de las causas” en el Amparo[18].

Ha quedado en ciernes, a mi entender, la re-apertura de la discusión sobre si es constitucional el temperamento a adoptar en cuanto a la vigencia de la res. 1358/2006 de la S.C.B.A. (ratif. por res. 957/09).

Es que el artículo 1 de la nueva ley establece que el amparo que regula es el del artículo 20 inc. 2 de la C.P. y este, a su vez, dispone que “…El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse, por la naturaleza del caso, los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus”, ello ademàs es resaltado en los considerandos de dicha resolución, que continùa: “Que con similar alcance ya se había establecido en el artículo 4 de la ley 7.166 (t.o. según decreto 1067/95) la competencia de “…todo juez o tribunal letrado de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que la lesión o restricción tuviere o debiera tener efecto”, para entender en materia de amparos.

Que en el mismo sentido, la Suprema Corte ha resuelto que los artículos citados consagran una regla amplia de competencia en el sentido de que “cualquier juez” (art. 20.2, cit.) “de primera instancia” (art. 4º cit.) para conocer y decidir en el ámbito de la acción de amparo, sin que quepa efectuar distinción alguna en razón de la materia ni función de la índole del tribunal al que le toque intervenir (doctr. causas B. 67.530, “Maciel”, res. del 11-II-04 y B. 66.059, “Bonetti”, res. 16-VI-04, entre otras)” –el destacado es propio-.

Y dispuso el régimen del sorteo de las causas de amparo por receptoría general de expedientes de cada Departamento Judicial entre todos los órganos jurisdiccionales de primera instancia o de instancia única, de los fueros civil y comercial, penal, laboral, familia, menores y contencioso administrativo. Los Juzgados de Paz Letrados entrarán igualmente en el sorteo sólo en la medida de su competencia territorial.

Como inadmisibilidad podría contemplarse entonces: 1) la existencia de otros remedios ordinarios para dar solución a la pretensión; 2) que la demanda se interpusiera fuera del plazo de 30 días; 3) que el amparo se interpusiera contra leyes o sentencias; 4) que no hubiera afectación grave e inminente manifiesta y arbitraria, cuando ello fuera visible en esta primera vista de la causa por el juez[19].

Sin embargo como destacan Morello y Vallefín, será el magistrado quien en el momento de decidir deba ponderar con la mayor prudencia, y atento sus facultades, si se cumple con los requisitos de admisibilidad. Así por ejemplo para el requisito de que sea manifiesto el obrar ilegítimo o arbitrario, es claro que debe reservarse para aquellas hipótesis en que no es necesaria la consecuente verificación de supuestos de hecho que requieran mayor debate o prueba.

Tal como lo señalan los autores es claro que con la norma constitucional y la influencia de los instrumentos internacionales por el art. 75 inc. 22 de la CN, se impone en parte un principio in dubio pro amparo posibilitando, antes que limitando, el escrutinio judicial del acto u omisión cuestionados[20].

Las consecuencias prácticas de haber adoptado una visión parcializada del Derecho:

Vuelvo sobre el introito y me pregunto: ¿hay consecuencias prácticas por no entender el Derecho de manera integral?

Sí. Las consecuencias provienen de esta especie de pecado original de la Ciencia del Derecho y subyacen en la manera de entender cómo deben aplicarse al caso concreto las garantías constitucionales y en la necesaria comparación en tal sentido de las decisiones de la C.S.J.N. en los últimos 5 años[21], con la forma en que se expiden los tribunales inferiores de la Provincia de Buenos Aires. De allí someramente surge que:

1. La Ciencia del Derecho, en el Siglo XXI, en algunos estamentos, no puede desprenderse de una visiòn parcializada o parcelada que, como el efecto de un pecado original, el estudioso jurìdico acarrea desde sus primeras aproximaciones a este saber.

2. La acción constitucional de amparo bonaerense se transforma en un proceso más, que se presenta enmarañado entre las líneas que cada intérprete pueda dedicarle[22].

3. Todo Derecho que pueda igualarnos[23] (Vida –v. Fallos 329:2179-; Salud[24]; Vivienda digna[25] o electoral[26]) en la Provincia de Buenos Aires queda condenado al exilio.

4. Como resultado de todo ello, se olvida que “…la realidad se ve regida por múltiples aspectos del Derecho”[27].


[1] Sobre los Derechos que nos igualan: el derecho a la Salud y el Amparo.
[2] En un novel –a la fecha en que escribo- estudio sobre las medidas cautelares en el contencioso bonaerense, el joven abogado Martín R. Espinoza Molla (docente UNLP) recalca, una y otra vez, que los poderes públicos, en un Estado de Derecho, deben sujetarse indefectiblemente a los preceptos superiores de la juridicidad, para ello cita al Maestro Fiorini, recordando que éste ya en 1976, acuñaba en su “Derecho Administrativo” T. I pág. 48: “…la juridicidad es un venero normativo que no puede identificarse con el criterio positivista que veía en la norma el derecho aislado de la realidad y de la vida humana, que son elementos esenciales que concurren para su creación”.
[3] Espinoza Molla, Martín R., explica el sentido de esta frase en su trabajo: “La potestad sancionatoria del Estado originada en el incumplimiento contractual. Una visión integradora”, Revista jurídica Lexis Nexis Buenos Aires –   Nº 5 / Mayo de 2006. pág. 550 y sigs.
[4] “RECURSO DE HECHO, P., S. E. c/ Comisión Nac. Asesora para la Integ. de las Pers. Discapac. y otro s/amparo.”, fallado el día 27 de mayo de 2009.
[5] I. 248. XLI., RECURSO DE HECHO, I., C. F. c/ provincia de Buenos Aires s/amparo, sentencia del 30 de septiembre de 2008 y “N. F., F. J. c/IOMA”, o “N., L. D. c/IOMA”, -entre otras- en el mismo sentido, del mes de octubre del mismo año.
[6] Morello y Vallefín: “El Amparo. Régimen procesal”, ed. LEP, La Plata, 1.998.
[7] Ley 7.166 en Provincia de Buenos Aires, publicada en Boletín Oficial N° 15.562 el 23-XII-1965.
[8] Publicación 11 de febrero de 2009, B.O. Nº 26.068. Promulgación: dec. 3344/08 del 29/12/08 (con observaciones).
[9] C.P.: “Artículo 108.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de diez días de haberle sido remitidos por la Legislatura; pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación, ni los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia y deberán promulgarse y publicarse en el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto, se publicarán por el presidente de la Cámara que hubiese prestado la sanción definitiva. En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese observada por el Poder Ejecutivo, sólo será reconsiderada en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ella.”
[10] Imaginemos por caso que, aplicada esta doctrina a las recientes causas B. 65.735, “Papasodaro” -exclusión de los alcances del fallo “UPCN” en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley 12.727, por enfermedad- y B. 65.072, “Rojas” –exclusión de los alcances del fallo UPCN en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley 12.727, por ancianidad-, ambas del 29 de diciembre de 2008, esta prescripción hubiera eliminado toda discusión sobre el planteo de caducidad esgrimido por la Fiscalía. Ahora bien, en cuanto al plazo –conteo por días hábiles judiciales – debe hacerse una obligada referencia a la causa de CCASM “Colegio” y al -ya famoso- “UPCN”, B. 64.621, sent. del 1 de octubre de 2003, más “Papasodaro” y “Rojas”, ello en cuanto a que entiendo que ya no puede haber plazo de caducidad desde la ref. constitucional de 1994, ver voto de los jueces doctores Negri y Kogan –en minorìa-, en las causas citadas.
[11] Morello y Vallefín, op. cit.
[12] B.70.026 “Cam. Ap. y Gtías. en lo Penal L.P. – Cam. Ap. Cont. Adm. L.P. s/ confl. de comp. (art. 7º inc. 1º ley 12.008) en autos: “Asoc. Civil Miguel Bru y ots. c/ Mrio. Desarr. Soc. Prov. Bs. As. y ot. s/ Amp.”, Res. del 25 de marzo de 2009.
[13] Me refiero a estas causas de amplio conocimiento público, sin dejar de considerar que esa postura sólo puede sostenerse a fin de ampliar de manera pretoriana, el espectro de derechos a proteger para no esperar el paso lento del legislador. No es ese el caso de la aplicación de la nueva legislación del amparo boanerense que pone en riesgo la efectiva aplicación de un derecho constitucionalmente reconocido por un lado, y abiertamente cercenado por el otro.
[14] ISABELLA, Diego. P, “La “nueva” ley de amparo provincial”, Revista La Ley, del 26 de junio de 2009.
[15] causa Nº 9145-M CCALP “Paez, Alejandro Jorge s/ Amparo”, 17 de marzo de 2009.
[16] causa Nº 1576/09, caratulada “Sanchez, Petrona c/ IOMA Prof. Salud Pcia. de Buenos Aires s/Amparo”, 19 de marzo de 2009.
[17] El tema da para un libro, las distintas violaciones llevadas adelante por la Adm. prov. a la Carta local, resultan flagrantes en este ámbito. Sólo como ejemplo tomamos la falta evidente de legislación en materia de tránsito desde hace años: la nueva ley 13.927 no soluciona tal inconveniente pues por un lado, se ata a una legislación nacional que aún no rige y, por otro lado, a una reglamentación provincial que –ver el reciente Dec. 532/09- peca por defectos, mientras tanto el derecho a la Vida se ve burdamente atacado con màs de 20 muertes al día en accidentes de tránsito, dato reconocido por el Gobierno provincial, ya que para las fuentes no gubernamentales la cifra es aùn mayor.
[18] Resoluciones n° 1358/06 y 1794/06, ratificadas por la n° 957/09 del 15 de abril en pag. WEB: http://www.scba.gov.ar/sitio/portada/ y jurisprudencialmente se pueden ver las causas “Madero”, B. 70.056 y “Gonzalez”, B. 70.044; ambas sent. del 6 de mayo de 2009. Así también la causa n° 88.321, “Fernàndez, Andrea Adriana c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo”, sent. de la Cámara de Apel. Civil y Com. -Depto. Judicial Dolores-, del 11 de junio de 2009, que refiere a todas las anteriores.
[19] Sobre el impacto del nuevo sistema de asignación de causas en el amparo y su incidencia sobre la tutela judicial efectiva, ampliar en el irrefutable trabajo de campo realizado por lo doctores Mendez y Enriquez, publicado en la Revista de la A.B.D.A., Nùmeros 3/4, sept.2007/dic.2008, pàg. 103 y ss.
[20] Los datos de la realidad me permiten disentir con la claridad que los eximios autores exponen, ya que si bien vale reiterar aquí también que la nueva norma de amparo bonaerense en su art. 5 ata supletoriamente a esa garantía a los procesos sumarísimos, por razones de desconfianza alimentadas por reciente doctrina de autores y más que nada por la doctrina judicial [(por todas podemos citar la reciente causa A-1181-MP0 “SPAGNOLI GRISELDA LILIANA c. I.O.M.A. s. AMPARO” de febrero, en la Cám. Cont. Adm. de Mar del Plata, donde sobre el principio constitucional de que “cualquier juez” entiende en el amparo, encontramos una sentencia firmada por un solo juez de un tribunal -sentencia nula según nuestra Constitución-, o bien que hay fallos recientes en los que incluso se adopta un plazo de caducidad “por días corridos” en el amparo (v. causa “COLEGIO JUAN DE GARAY SRL s/ acción de amparo”, sent. de la CCASM, del 19 de marzo de 2009), tambièn se siguen discutiendo –más allá de que lo rescato como un caso de “voto positivo”- posturas dogmáticas que la Corte Nacional hace años ya no discurre (v. causa Nº 7207-M CCALP “Mauriño, Nahuel Maximiliano. Acción de Amparo c/ I.O.M.A.”, sent. del 9 de setiembre de 2008 o, entre otras v. la causa “V., G. J. S/ AMPARO – IOMA-PROFE”, de trámite bajo el nº 747-2009, por ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás donde -sin dejar de ser un fallo destacable por la soluciòn adoptada- una simple cuestiòn de notificación al Fiscal de Estado lleva a los magistrados a toda una interpretación sobre cuàl debe ser la ley vigente)], me llevan a mantener estos fundamentos.
[21] Por todas, ejemplifico con la que aquí comento.
[22] Por todas, ver la insólita “Colegio Juan de Garay SRL”, CCASM, cit.
[23] Esta idea puede ampliarse en el libro “Escasez e igualdad”, por Lucas Grosman, Ed. Libraria, de octubre de 2008.
[24] Ver autos “Conde, Alberto José Luis c/ Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA S.A.) s/ Amparo”, expediente nº 584-2008 CCASN, del 30 de octubre de 2008 –prestando especial atención a las vicisitudes vividas por los actores durante el tramite de la “primera instancia” ante el Juzgado de Paz-; o el caso ambiental: “S. 1144. XLIV, ORIGINARIO, Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”, sent. del 29 de marzo de 2009, entre mucha otras de la C.S.J.N.
[25] Ver el reciente fallo del Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Juzgado Nº 11) en autos “Asociación Civil Casa Amarilla 2005 y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. Nº 30.027/0 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 10 de junio de 2009.
[26] Por todas, ver la –nueva- postura de la S.C.B.A. en las causas Ac. 106.992, “Partido Unión del Centro Democrático solicita re-conocimiento”; Ac. 106.993       “Partido Unión Popular solicita reconocimiento”; Ac. 107.014 “Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Recurso de queja”; Ac. 107.742, todas res. del 24/04/2009 y “Acuerdo Cívico y Social. Impugnaciones. Recurso de queja por denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley”, res. del 10/06/2009.
[27] Por todas, ver la causa “Mauriño”, cit., donde la posición antagónica adoptada en los votos de los jueces doctores De Santis y Spacarotel me eximen de todo comentario.

1 comment so far

  1. Juan Carballo on

    Muy buen articulo.


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