La manera más conveniente de administrar el país

Por Inés D´Argenio

Así enunciado, el objetivo pareciera propio de alguna jornada intensiva convocada por estudiosos del derecho administrativo.  Sin embargo, el vacío dejado por nosotros en los ámbitos académicos, es cubierto por esta propuesta que proviene, nada más ni nada menos, de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, quien informó a la población por los medios de comunicación, su decisión de crear en breve un Consejo Económico Monetario para la “articulación” de las políticas económicas[i].

En general, “la manera más conveniente de administrar” un país pasa hoy, en el orden jurídico occidental, por la adopción de uno de los dos sistemas de gestión administrativa vigentes: el sistema estatal o el sistema concurrencial. Ninguna incidencia tienen en la elección de un sistema u otro, las cuestiones vinculadas a la política económica y desarrolladas en torno a una mayor o menor intervención del Estado en la economía[ii]. Por el contrario y sencillamente, se trata sólo de elegir “la manera más conveniente de administrar”. En ese cometido menor que desde el punto de vista académico nos concierne a quienes estudiamos el derecho administrativo, la mayor parte de los estudiosos de la disciplina en Argentina, sigue asida al sistema de regulación estatal[iii]. En tanto no tratan en sus investigaciones la posibilidad de vigencia del sistema concurrencial, se pronuncian claramente a favor de las instituciones del derecho administrativo tradicional, propias del régimen francés, con las consecuencias que ello conlleva: monopolio en la evaluación del interés general a satisfacer, discrecionalidad en el ejercicio de la función administrativa y, lo más importante, expresión de ese ejercicio mediante el dictado de actos administrativos de autoridad que constituyen la manifestación de voluntad de un poder público. En este esquema, la aparición de Consejos o Agencias o Entes independientes debe ser analizada con la prudencia que exige el conocimiento de la pertenencia de ellos al sistema concurrencial. En otras palabras, la mera denominación de ellos con la terminología del sistema de origen, no es suficiente, en absoluto, para otorgarles esa identidad.

Dice Diogo de Figueiredo Moreira Neto, profesor titular de derecho administrativo de la Universidad Cándido Mendes de Río de Janeiro, que la falsa independencia de tales entes así insertados en un sistema administrativo autoritario que les es por completo ajeno, consiste en subordinarlos políticamente, resultando de tal modo una creación de simulacros abastardados del instituto que apenas sirven a la Administración que pierde eficiencia y a la ciudadanía que pierde en garantías[iv]

Y bien: el Consejo Económico o nuevo Consejo Monetario cuya creación se anticipa en Argentina, será instituido por una resolución presidencial e integrado por el presidente del Banco Central y el titular del Ministerio de Economía con funciones de “articulación” de las políticas económicas que, en definitiva, decidirá el Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado de un acto de autoridad en el que evaluará potestativamente la configuración del interés general que pergeñe en el ámbito de sus recoletas convicciones de mérito, oportunidad o conveniencia. Un simulacro abastardado como pocos o como ninguno.

“Creemos que es la manera más conveniente de administrar el país – dice la titular del Poder Ejecutivo Nacional – porque así lo hacen en todos lados”. Si ese es el elemento en que se sustenta la mayor conveniencia, vamos por muy mal camino al menos, porque “así” no se hace “en todos lados”. Si se adopta el sistema concurrencial de gestión administrativa fracturando el poder central en agencias independientes – en insuperable expresión de Agustín Gordillo -, debe adoptarse sinceramente y con seriedad. Si no se adopta, de nada sirve el intento de trasmitir a la sociedad que la manera más conveniente de administrar el país es esta confusión de sistemas que pretende la instalación de un “Consejo” articulador de políticas en el ámbito de un sistema administrativo autoritario en el que las políticas se articulan desde el poder central.

Mientras tanto, el silencio que se guarda al respecto desde el ámbito académico, permite que se nos haya desplazado a los administrativistas de este cometido tan específico para nuestra disciplina que es el de decir cuál es la manera más conveniente de administrar el país.  

 


[i] Entre otros, Diario La Nación del 4 de febrero de 2010 “Crean un consejo para coordinar las políticas”, página 6.

[ii] Ver especialmente Stanley Hoffmann en el prefacio a la obra de Laurent Cohen-Tanugi Le droit sans l’État, PUF, Paris, 1985, Quadrige, 1992. Dice que el pensamiento del autor desarrollado en la obra no alude a una Francia socialista opuesta a una Francia neoliberal, sino que alude únicamente a la Francia constituida por siglos de dominación estatal en la que el Estado encarna el interés general y expresa sobre tal base su superioridad por la existencia de un derecho administrativo concebido como régimen exorbitante del derecho privado.

[iii] Incluido curiosamente Héctor Mairal quien niega la posibilidad en nuestro sistema jurídico de crear entes administrativos independientes del Poder Ejecutivo y supervisados por el Congreso (La influencia de los derechos francés, español y norteamericano en el concepto de servicio público del derecho administrativo argentino, Documentación Administrativa, setiembre de 2003-abril de 2004, Director Luciano Parejo Alfonso, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2003). En el mismo sentido se pronuncian autores brasileños como Marcos Juruena Villela Souto – Direitto regulatorio Lumen Juris, Río de Janeiro, 2005 – y Sergio Guerra – Contrtole judicial de atos regulatorios Lumen Juris, Río de Janeiro, 2005 – sobre la base de la atribución reglamentaria otorgada al Poder Ejecutivo por el art. 84 de la Constitución Federal de Brasil. En nuestra opinión, la facultad reglamentaria otorgada al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 99 inciso 2 de la Constitución de la Nación Argentina, para la ejecución de las leyes de la Nación, no impone ninguna pauta ni limitación a la adopción del sistema de gestión administrativa mediante agencias independientes del poder central, cuya actuación para la efectiva gestión del derecho puede desarrollarse concretamente en el marco de la ley y su decreto reglamentario.   

[iv] En Direitto regulatorio, Renovar, Río de Janeiro, 2003; y en Quatro paradigmas del direitto administrativo post moderno, Forum, Belo Horizonte, 2008, citados ambos en blog Direitto administrativo em debate, a cargo de Farlei Martins Riccio de Oliveira del 5-10-2008, con la publicación de su Ensayo sobre el resultado como nuevo paradigma del derecho administrativo.

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