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Nuevamente sobre la regulacion economica

Por Inés D´Argenio

 

He leído el escrito mediante el cual el Procurador General de la República de Brasil, Antonio Fernando Barros E. Silva De Souza, dedujo acción directa de inconstitucionalidad en defensa del derecho de los habitantes de ese país a recibir información de los órganos públicos con acceso pleno a los documentos públicos. Según el texto cuya divulgación agradezco a Farlei Martins Riccio de Oliveira, “numa República Democrática, nem a cidadania nem os direitos políticos se resumen a votar e ser votado. Incluem também a participaçâo ativa dos cidadâos no devido processo politico…atuando plenamente na civitas” (II.7, página 4).     

 

La participación activa de los ciudadanos en el debido proceso político, actuando plenamente en la civitas, es el sustento del método de regulación de las “agencias” cuyo análisis comparativo con el método de regulación desde el poder central he referido en un trabajo anterior con remisión a la obra de Laurent Cohen Tanugy “Le Droit sans l’Etat”. Por eso, en esas reflexiones anteriores sobre el tema, cuestioné la posibilidad de trasplantar el sistema de “agencias” a los países de América Latina sin revisar previamente el concepto de acto administrativo de autoridad proveniente del régimen francés que es el que aún nos informa (Direito Administrativo em Debate, 1 de abril de 2008 “La regulación económica en América Latina: profundas diferencias con el sistema de agencias que se pretende trasplantar”). 

 

Hoy, 10 de junio de 2008, leo en el diario “La Nación” que el Procurador del Tesoro de la Nación en Argentina, Osvaldo Guglielmino, afirmó que “Las retenciones son un método de regulación económica” justificando, con esta expresión, que los derechos de exportación fijados al sector agropecuario por resolución del Ministerio de Economía del 11 de marzo de 2008 pueden ser impuestos por un acto administrativo. Guglielmino cuestiona de tal modo un fallo de la jueza nacional en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland dictado en estos días, en el que se decide que se trata de una atribución que solo puede ejercer el Congreso de la Nación en virtud del principio constitucional de legalidad tributaria.

 

Sin perjuicio del tema institucional de las atribuciones del Congreso – cuya definición en la sentencia judicial referida compartimos naturalmente, en virtud de lo dispuesto por los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional que otorgan con exclusividad al Congreso la atribución para regular los derechos que ella consagra – y, aceptando solo a título de hipótesis de trabajo que el denominado “gobierno” argentino – entendido en los términos de la Constitución francesa como el Poder Ejecutivo – tuviera la posibilidad de regulación económica en la cuestión ¿a qué método se refiere Guglielmino? Naturalmente, al método inconsulto y autoritario de una resolución ministerial que evaluó, de manera inconsulta y autoritaria, el contenido del interés de la sociedad y emanó un acto administrativo de autoridad para satisfacerlo (en el mejor de los casos). Eso es lo que dice cuando dice que las retenciones son un método de regulación estatal, agregando una intervención jurídica equivocada en este proceso de equívocos que estamos viviendo los argentinos, y que se presenta ostensible cuando la señora Presidente, así asesorada, dice textualmente “soy yo quien toma las decisiones”. Quiere decir, en términos de los administrativistas, que ella dicta el acto administrativo de autoridad por razones de mérito, oportunidad y conveniencia en ejercicio de prerrogativas de “gobierno” que le competen como atribución exclusiva para fijar las políticas públicas.

 

La cuestión es más grave aún porque ahora – en el día de ayer – noventa días después de dictada la resolución ministerial, la titular del Poder Ejecutivo le puso causa. Y le puso, naturalmente, una causa noble: combatir, con los fondos recaudados por tales retenciones, los efectos infrahumanos que la pobreza ha generado en nuestros conciudadanos. Ahora ya sabemos la causa del acto inconsulto que se ennoblece con esta causa de expresión tardía. Pero entonces se nos presenta otro problema vinculado al cumplimiento de las exigencias de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en nuestro país por ley 24.759 del año 1997. Ella exige “publicidad, equidad y eficiencia de la inversión” con el consiguiente contralor del cumplimiento de una “obligación de resultados”, principalmente, en el ámbito de las contrataciones públicas. A partir de la Convención – dice Agustín Gordillo en el Tomo I de su Tratado al considerar que produce “un corte transversal en el derecho administrativo” – “la ineficiencia es ilegal y genera responsabilidad” (art. III inc. 5) y constituye un nuevo elemento propio de la legalidad de la contratación administrativa, en cuya virtud es antijurídica la adjudicación que importe dispendio incausado de fondos públicos.

 

La realidad actual sobre el manejo de fondos públicos en Argentina, genera pesimismo acerca del efectivo destino eficaz de los ingresos por retenciones a la noble finalidad enunciada. En primer lugar, los planes de ayuda social mensuales se mantienen congelados desde el año 2002: $150 para el plan jefes y jefas de hogar; $155 para el plan familias con un hijo y $305 para el plan familia con seis hijos. En un informe exhaustivo brindado en el tema por el periodista Jorge Lanata en el diario “Crítica de la Argentina” del 4 de mayo de 2008 (nota de tapa), se analizan estos datos relacionándolos con el monto estimado oficialmente para la canasta familiar básica que es, en la actualidad, de $616,12, de manera tal – dice el periodista – que el plan recibido por un indigente solo le permite cubrir poco más del 20% de sus necesidades básicas, mientras que en mayo de 2003 le permitía cubrir el 41,9%. El mismo periódico da cuenta, a diario, de adjudicaciones de contratos del Estado sin licitación previa, con contratistas vinculados al poder (pueden verse, entre muchos otros, del mismo periodista, “El lado oscuro de tierra de la luna”, con referencia a obras públicas nacionales vinculadas a la Entidad Binacional Yaciretá, domingo 18 de mayo de 2008); de acuerdos por el negocio del juego en la Ciudad de Buenos Aires concedido para su explotación al empresario Cristóbal López (Susana Viau, Trastienda, del 7 de mayo de 2008, en el que se alude a una enmienda del plan de auditoría 2008 para limitar el control de la gestión en la materia); o de la existencia de una nueva reglamentación de los estatutos de las sociedades del Estado llevada a cabo por el ministro de Planificación Julio De Vido en virtud de la cual, un funcionario designado por el propio ministro tendrá plenos poderes para disponer, a su criterio, del servicio de trenes (concesionar nuevos ramales sin llamar a licitación, hacer obras sin concursos públicos de precios, comprar, alquilar o disponer de inmuebles que pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos) sin ningún control, salvo el propio (Damián Glanz “De Vido en el tren de la alegría”, 8 de mayo de 2008).            

 

Existe en Argentina la ley nacional 25.724 publicada el 17 de enero del año 2003, que creó el “Programa de Nutrición y Alimentación Nacional”, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía (art. 1), destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años de edad, priorizando a las mujeres embarazadas y a los niños de hasta 5 años de edad (art.2). La ley estableció su autoridad de aplicación, la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, con las funciones de asegurar la equidad en las prestaciones alimentarias y en el cuidado de la salud, fijar los mecanismos de control que permitan una evaluación permanente de la marcha del Programa y de sus resultados y establecer un sistema permanente para la evaluación del estado nutricional de la población (art. 5 incisos c) d) y g). Transcurridos más de cinco años desde su sanción, la ley está absolutamente incumplida. Si el Congreso hubiera constituido a la Comisión como una “agencia” para la gestión efectiva de la ley y la hubiese puesto directamente en funciones para el inmediato cumplimiento de la norma con efectiva rendición de cuentas sobre el resultado de su gestión, otra hubiera sido la suerte de la realidad social a la que la norma estaba dirigida. El Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus prerrogativas de “gobierno” no ha tomado en este caso las “decisiones” adecuadas para ejecutar la ley. Hay omisión en la gestión del derecho. Y con tal antecedente, no parece adecuado confiarle un método de regulación estatal mediante la aplicación de retenciones a un sector productivo, con el cometido de destinar esos ingresos a la lucha contra la pobreza. Demasiado elíptico. Innecesariamente sinuoso. Y absolutamente extraño a la participación activa de los ciudadanos en el debido proceso político, actuando plenamente en la civitas.

 

Por eso me permito comparar los conceptos de uno y otro Procurador, insistiendo en mi pedido de que reflexionemos, como estudiosos de derecho público, acerca de nuestra tradición adquirida de brindar letra al Poder Ejecutivo para que actúe en la creencia de que sólo a su titular corresponde la “toma de decisiones” acerca de lo que es más conveniente para la sociedad.

Captura política na ANAC – 3

Por Farlei Martins Riccio

 

Ainda sobre o problema da captura política das decisões técnicas das Agências Reguladoras, cabe destacar a advertência do autor português Luís S. Cabral de Moncada (Direito Económico. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 82-83):

 

“A actual intervenção económica generalizada do Estado impri­miu um nítido carácter técnico às autoridades que a levam a cabo. A técnica irrompeu assim no campo do direito público e um dos seus veículos de acesso foi precisamente a intervenção na economia. A presença da técnica vai impor modificações de vária ordem. Em primeiro lugar, altera o próprio conteúdo das normas jurídicas em que se manifesta a intervenção, como já vimos ao analisar as carac­terísticas das normas do direito público da economia. Em segundo lugar, exige uma nova orgânica administrativa. Esta não pode con­tudo limitar-se ao âmbito da Administração Central.

 

Efectivamente, os órgãos técnicos são independentes, na sua maio­ria, da Administração Central. São órgãos autónomos, compostos por peritos e simples particulares e não maioritariamente por funcionários públicos. É este o preço que a Administração tem de pagar pelo carác­ter técnico que a sua nova actividade reclama: o recurso cada vez maior a entidades estranhas cujo contributo se toma indispensável para a realização capaz dos objectivos que se propõe. A autonomia da decisão política não está em causa, mas o peso dos pareceres técnicos no seio destes órgãos (técnicos) de planejamento, coordenação e apoio geral faz-se sentir cada vez mais, ao ritmo das novas exigências de legi­timação (técnica) das decisões legislativas e administrativas.

 

A actividade administrativa transforma-se qualitativamente em consequência das exigências da técnica, passando a ser uma activi­dade especializada a cargo cada vez mais de técnicos, à custa evi­dentemente da perda de importância dos juristas.

 

O desenvolvimento qualitativo da Administração económica  faz-se pois à causa da perda de homogeneidade da orgânica administrativa. A nova organização económica do Estado, é, por outro lado, uma organização pluralista ou mista, contando com a presença, cada mais acentuada, de órgãos técnicos de composição variada, que se vêem assim associados ao desempenho das tarefas que se propõe a moderna Administração, ao mesmo tempo que lhe conferem a legitimidade e a eficácia do seu saber especializado.” (grifou-se)

Captura política na ANAC – 2

Editorial O Globo (Colheita, 06.06.2008):

 

“O governo colhe o que semeou ao desmontar as agências reguladoras, convertendo-as em braços dos ministérios. Com isso, e devido ao seu DNA intervencionista, o Planalto caiu na tentação de imiscuir-se em negócios privados (a Varig não é o único). Quando isso ocorre, crescem as chances de escândalo.”

 

Editorial O Estado de São Paulo (A intromissão confirmada, 06.06.2008):

 

“O longo braço do Planalto alcançou também, com uma violência assombrosa, o então procurador-geral da Fazenda Nacional, Manoel Felipe Brandão. Contrariando a posição do governo, ele não admitia a possibilidade de os novos donos da Varig não herdarem as suas dívidas. “Em poucos dias”, lembra Denise, “ele saiu da Procuradoria”, sendo substituído pelo procurador Luís Adams. “Aí foi emitido um parecer garantindo que não havia sucessão de dívidas.” Era o que queriam os clientes brasileiros de Roberto Teixeira (na mesma linha, aliás, do juiz Luiz Roberto Ayub, responsável pelo processo de recuperação judicial da Varig e cujas decisões causavam espécie).”

 

 

Suspeita de captura política na ANAC

Por Farlei Martins Riccio

 

A ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, acusou a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rouseff, de pressionar a direção da Agência para aprovar a operação de compra da VarigLog pela Volo do Brasil, do empresário Lap Chan, que representava o fundo americano Matlin Patterson (Dilma rebate acusação de ex-diretora da Anac. Valor Econômico, 05.06.2008).

 

Segundo Denise Abreu, os quatro diretores da Anac à época – Milton Zuanazzi (então diretor-presidente), Leur Lomanto e Jorge Velozo, além dela – participaram de uma reunião no gabinete de Dilma, com a presença da ministra e de sua secretária-executiva, Erenice Guerra, para discutir a compra. “Era uma pressão para aprovar a operação”, relatou Denise, que rejeitava o negócio por entender que não havia comprovação sobre a origem do dinheiro investido pela Volo – a legislação brasileira impõe um limite de 20% à participação de estrangeiros em companhias aéreas.

 

Segundo o que foi apurado pelo Valor Econômico junto a outros integrantes da cúpula da agência, a interferência do Palácio do Planalto foi decisiva para garantir a aprovação do negócio pela Anac.

 

Em confirmada a denúncia, temos um caso típico de captura política da Agência Reguladora da Aviação Civil Brasileira, situação semelhante à captura pelos agentes econômicos (Licitações de linhas de ônibus: interesses econômicos e captura da agência reguladora).

 

Segundo Marcos Juruena Villela Souto, colaborador do blog:

 “a possibilidade de colapso regulatório em função da captura não decorre apenas do poder intelectual e econômico do regulado; a captura pode ser política, quando, por lei ou por ato de império (de duvidosa validade), o Poder Público retira a competência do órgão regulador ou lhe retira a característica de independência ou os elementos de autonomia a ela inerentes; Direito Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 246

 

O fenômeno da captura dos órgãos reguladores revela-se prejudicial à eficiência econômica do moderno Estado Regulador, pois esvazia a principal finalidade da criação da Entidade: dotar o Estado de órgãos que possuíssem agilidade, especialidade e conhecimento técnico suficiente para o direcionamento de determinados setores sensíveis da atividade econômica.

A Roma la festa per il 62esimo anniversario della Repubblica

2 giugno, Napolitano: «La Costituzione fondamento e simbolo della Repubblica»

martedì 03 giugno 2008 

 

 

 

 

Il Capo dello Stato al Vittoriano per l’omaggio al Milite Ignoto. Poi la parata ai Fori imperiali, sotto la pioggia

ROMA – Gli onori finali a Giorgio Napolitano da parte di uno squadrone di corazzieri e di carabinieri a cavallo: così si è conclusa la tradizionale parata militare del 2 giugno in via dei Fori Imperiali. Ad assistere, oltre al presidente della Repubblica, le più alte cariche dello Stato. Con Giorgio Napolitano, il presidente del Senato Renato Schifani, il numero uno di Montecitorio Gianfranco Fini e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. A parata conclusa Napolitano ha lasciato via dei Fori Imperiali accompagnato dal ministro della Difesa Ignazio La Russa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini.

OMAGGIO AL MILITE IGNOTO – La parata ha visto sfilare sotto la pioggia 7.200 persone, tra militari e civili. Ultimo atto il passaggio delle Frecce Tricolori. Il presidente della Repubblica, che somenica ha lanciato l’allarme sul rischio di regressione civile, aveva dato in mattinata il via alle celebrazioni per il 62esimo anniversario della Repubblica deponendo una corona d’alloro alla tomba del Milite Ignoto.

BANDIERA AVES SFILA A LUTTO – Tra le tante bandiere militari che hanno sfilato a via dei Fori Imperiali, una era listata a lutto: è il vessillo dell’Aves, aviazione dell’Esercito, che in questo modo ha reso onore al capitano Filippo Fornassi, l’ufficiale morto domenica in un incidente di elicottero sul lago di Bracciano.

«COSTITUZIONE SIMBOLO E FONDAMENTO DELLA DEMOCRAZIA» – «Il 2 giugno 1946, con il referendum istituzionale, prima espressione di voto a suffragio universale nella storia nazionale, gli italiani scelsero la Repubblica ed elessero l’Assemblea costituente, che, l’anno successivo, avrebbe approvato la Carta costituzionale, ispirazione e guida della ricostruzione materiale ed istituzionale dell’Italia e, da allora, simbolo e fondamento della democrazia del nostro paese». Così il Capo dello Stato Giorgio Napolitano esordisce in un messaggio inviato al Capo di Stato maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini, in occasione della Festa della Repubblica.

«GARANTI DELLA COSTITUZIONE» – Per Napolitano, «le Forze Armate italiane del XXI secolo rinnovano il ruolo di custodi e garanti della Costituzione repubblicana, interpretandone il significato universale nelle innumerevoli missioni a sostegno dei diritti umani, della legge e dello sviluppo sociale ed economico in tante aree di crisi». La missione primaria delle Forze Armate, secondo Napolitano, è «ripudiare la guerra con i fatti, lavorando concretamente per costruire la convivenza pacifica tra i popoli, attraverso la sicurezza, la certezza del diritto e un più equilibrato sviluppo mondiale».

SCHIFANI E FINI – Nel giorno della festa del 2 giugno il numero uno di Palazzo Madama Schifani ha sottolineato, nel corso di un incontro presso la libreria del Senato con una rappresentanza di studenti del liceo classico Visconti e del baby consiglio di Paternò, la necessità di migliorare la seconda parte della Costituzione senza toccare la parte che riguarda i valori perché «è sacra e sempre attuale». Da parte sua il presidente della Camera Fini è tornato sulle parole pronunciate domenica da Napolitano: «L’invito allo sforzo comune rivolto dal presidente della Repubblica è ineccepibile e soprattutto molto sentito» ha detto l’ex leader di An.

BERLUSCONI ACCLAMATO DAI FAN – Ma l’altro protagonista della giornata, oltre a Napolitano, è Silvio Berlusconi. Al termine della parata, nonostante la pioggia battente, il premier non ha rinunciato alla passeggiata che dal palco delle Autorità della Parata lo ha portato fino a quasi sotto casa, a Palazzo Grazioli. In via del Plebiscito una folla di sostenitori lo ha atteso accogliendolo al suo arrivo al coro di «Silvio, Silvio». Berlusconi non si è sottratto ai fan, ringraziando tutti e stringendo molte mani. «È una cosa veramente emozionante che mi spinge, se possibile, a lavorare ancora di più» ha commentato il premier.