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El Poder Legislativo a escena

Por Carlos Botassi

 

Junto al autoritarismo, el desprecio por la legalidad – entendida como acatamiento irrestricto de la Constitución y las demás normas inferiores – es, seguramente, la nota más clara del siempre inasible “ser argentino”. En rigor el autoritarismo es consecuencia de la ilegalidad y en la práctica ambos vicios se retroalimentan. Nos encontramos frente a dos caras de una misma moneda. En no pocas ocasiones al abuso del Poder se responde con la prepotencia del ciudadano. Poderosos y débiles ejercitan su cuota de ilegalidad/autoritarismo desde la posición de fuerza que les toque ocupar. Pensemos, por ejemplo, en la doméstica disputa entre automovilistas y peatones. Quienes conducen la máquina mortal imponen generalmente su voluntad y no reconocen senda de cruce alguna. A su turno el transeúnte atraviesa al trote en medio de la calle provocando la frenada urgente del automovilista o, amparado en su prioridad de paso, se solaza caminando con lentitud y displicencia frente al conductor ansioso por proseguir su marcha. Ninguno de los dos bandos actúa legítimamente y ambos desnudan su perfil autoritario. Salvando las distancias, el conflicto entre Gobierno y determinados sectores sociales no es diferente. Las autoridades incumplen su promesa de salariazo y revolución productiva y los piquetes urbanos atrapan de rehenes a la gente; el Poder Ejecutivo se declara socio privilegiado del sector agroexportador y el piquete rural disloca el sistema de abastecimiento nacional. Las dos partes en pugna son autoritarias y, por añadidura, ilegales. En el caso del agro la Presidenta no ignora que la Constitución Nacional asigna la potestad tributaria al Congreso y, a mismo tiempo, prohíbe delegarla en el Ejecutivo. Ergo, cuando invoca las inconstitucionales normas del Código Aduanero redactadas por el entonces ministro de la Junta Militar José Alfredo Martínez de Hoz, no hace más que apoyarse en la ilegalidad para avalar un gesto autoritario. Sus oponentes, en una indebida selección de conveniencia, enarbolan las disposiciones constitucionales que los favorecen y olvidan las inconvenientes para sus intereses. Al impedir el tránsito en las rutas violan el derecho esencial de transitar y privan de la libertad a miles de compatriotas, ocasionan daños irreparables a la salud y a la vida (caso de ambulancias y transporte de medicamentos demorados) y al bolsillo de la gente (restricción de la oferta de productos, inflación por desabastecimiento de alimentos e insumos industriales). También perjudican la imagen comercial nacional en el exterior al incumplir o demorar promesas de venta y provocan pérdida de mercados. Como si todo eso fuera poco, generan situaciones de grave enfrentamiento con los transportistas que prefirieren no acatar la medida y con la Gendarmería que empujó, arrastró por el piso y detuvo a los líderes huelguistas a pesar de que el discurso oficial haya intentado contrariar la realidad afirmando que no hubo violencia.

 

¿Cómo se transformó en virtuoso aquel círculo vicioso? Muy simple, aunque parezca milagroso en el reino de la anomia, volviendo a la legalidad que nunca debió abandonarse. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Parlamento su proyecto de ley de retenciones y los productores cesaron con los cortes de rutas; y aunque hubiera sido preferible suspender las retenciones mientras se delibera, algo es algo. Para nosotros es tan natural la ilegalidad y el autoritarismo que un procedimiento tan elemental como enviar un proyecto de ley al Congreso se celebra casi con júbilo popular al interpretarse con razón como un reconocimiento de que un país republicano no se gobierna por decreto y resoluciones ministeriales. Sin embargo (y esto resulta esencial para que el insólito y triste episodio sirva de algo y el festejo sea completo), el sector agrícola contendiente y la sociedad toda debe comprender y reconocer que cortar rutas, provocar desabastecimiento e inflación son procederes ilícitos y autoritarios, tan ajenos al sistema democrático como las retenciones impuestas por voluntad de la Presidenta de la Nación, de su gabinete y del presidente del partido gobernante.

 

Si una vez sancionada la ley las retenciones se ratifican con una alícuota confiscatoria no debe “cerrarse el Congreso” como dijo algún dirigente rural en claro gesto autoritario/ilegal, ni deben cortarse las rutas, sino mantenerse a ultranza el camino correcto: denunciar su inconstitucionalidad ante los jueces. El Poder Judicial, último actor del reparto pero de rol esencial, aguarda tras bambalinas como la cenicienta de la obra que enfrenta a ricos contra poderosos. Su aparición en escena es la vacuna de civilidad contra el virus de la barbarie. Algunos magistrados han suspendido cautelarmente en casos concretos la aplicación del impuesto y la propia Corte Nacional se ha declarado competente en la demanda promovida por la Provincia de San Luis. El Estado de Derecho en ocasiones asoma como el tibio Sol de la lejana primavera. El Poder Legislativo tiene ahora el papel protagónico. Algunos descreen de su independencia política y auguran nuevos y peores males. Otros preferimos ser prudentes y nos consideramos obligados a ser optimistas. Algo deberá comenzar a cambiar en esta maltratada Nación Argentina. Por ahora como espectadores de una comedia dramática extensa e inconclusa los ciudadanos miramos hacia ese gran escenario de la democracia que es el Congreso. Algunos escépticos otros esperanzados. Sobre los legisladores recae la responsabilidad que coloca sobre sus espaldas la Constitución que han jurado acatar y defender.

Fotos do “Archivo Rojo” de Espanha

O governo da Espanha liberou esta semana para o público o acesso ao “Archivo Rojo”, um fundo fotográfico criado pela Junta Delegada de Madrid com impressionantes fotos da Guerra Civil espanhola (1936-1939) feita pelos republicanos. (O Globo, 21.06.2008). Atualmente, o fundo está composto de 3051 imagens. Segundo o  Ministério da Cultura espanhol o nome do arquivo é uma referência a Vicente Rojo, general republicano que desempenhou durante a Guerra Civil o cargo de Chefe de Estado Maior das Forças de Defesa de Madrid, e responsável pela organização do plano de proteção da cidade.

 

Trata-se de um importante legado histórico para estudo e conhecimento público dos perigos de regimes hiperpresidencialistas que se tornaram facistas.

 

Veja abaixo algumas reproduções do acervo e ao final a imagem do quadro “Guernica” de Pablo Picasso, uma referência ao bombardeio sofrido pela cidade espanhola de mesmo nome em 26 de abril de 1937 por aviões alemães. Atualmente está exposta no Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madrid.

 

Regime hiperpresidencialista na América Latina

por Farlei Martins Riccio

 

A interferência do governo brasileiro nas decisões técnicas das agências reguladoras parece evidenciar mais do que uma pontual política partidária do presidente Lula.

 

Segundo Beatriz Sarlo, uma das mais destacadas intelectuais argentinas, “não é possível a existência, na América Latina, de governos completamente despojados de elementos populistas.” (O perigo do kirchnerismo. Valor Econômico, 20.06.2008). Para a socióloga e crítica literária, “o que está em questão é o peso desses elementos na configuração do estilo político e os caminhos pelos quais se impõem as decisões.”

 

Esse populismo cultural da América Latina é revelado pelo editorial do jornal El País, ao analisar as recentes decisões do governo argentino (Crispación argentina, 20.06.2008):

 

Más allá de las razones de un Gobierno representativo para adoptar medidas impopulares está su obligación de explicarlas convincentemente y facilitar su debate parlamentario. Fernández, sin embargo, parece estar más interesada en el enmascaramiento de la realidad, como lo muestra la consistente manipulación de los datos de inflación argentina, oficialmente en un solo dígito, pero en realidad por encima del 20%, según todas las estimaciones solventes. La deliberada ficción en que vive la tercera economía latinoamericana, consagrada en el nuevo índice de precios vigente desde este mes, constituye una muestra más del desprecio presidencial por los valores que dice defender.”

 

Na opinião de Bruce Ackerman e James Fishkin, o instrumento mais típico do populismo é o referendo (tão em voga na Venezuela e Bolívia), uma vez que impede o exercício da democracia deliberativa, ou seja, aquela em que o voto ou a decisão política são precedidos de debates estruturados dentro da sociedade. (A better way with referendums. Financial Times, 17.06.2008)

 

O modo como o Poder Executivo atua nos países da América Latina é próprio de um regime hiperpresidencialista que não vê necessidade no consenso e governa impondo suas políticas com um acentuado desprezo pelos mecanismos democráticos e republicanos.

Regular as agências reguladoras? – 2

Editorial do jornal O Estado de São Paulo (Loteamento de agências, 18.06.2008):

 

Desde o início do primeiro mandato, o governo do presidente Lula vem trabalhando para destruir o sistema de agências reguladoras. Agências desse tipo, existentes em países desenvolvidos, são órgãos de Estado, não de governo. Devem funcionar com independência política, proporcionando estabilidade e previsibilidade às condições de investimento em setores básicos, como energia, transportes e telecomunicações. O presidente Lula e seus principais auxiliares nunca aceitaram essa concepção, assim como jamais aceitaram os critérios de impessoalidade e competência na gestão pública.”

Regular as agências reguladoras?

Por Farlei Martins Riccio

 

Editorial da Folha de São Paulo (Regular as agências, 15.06.2008) aponta que o envolvimento da Anac e da Anatel em negócios “estratégicos” põe em xeque a autonomia que é essencial para o modelo de intervenção regulatória do Estado.

 

Segundo o editorial há um descompasso entre o mérito de um sistema de regulação baseado na independência e a realidade do modelo adotado no Brasil. Cita os casos do “apagão” elétrico de 2001, do “apagão” aéreo de 2006-2007, a compra da Brasil Telecom pela Oi, e o recente caso Varig, para evidenciar a captura das agências brasileiras, tanto pelos agentes econômicos regulados como pelo governo. Propõe a revisão do modelo, não para retirar-lhes atribuição como pretende o projeto de lei nº 3.337, mas sim para salvar o que resta de independência.

 

Na mesma edição do periódico, especialistas debatem os limites para atuação do governo nas agências reguladoras (Agências precisam de pressão, diz professor).

 

Ronaldo Fiani, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, argumenta que o modelo regulatório brasileiro é contraditório e defende a intervenção.

 

“Criou-se uma convicção generalizada de que agência reguladora não deve sofrer pressões. Agência que não sofre pressão regula mal. Ela tem de ser pressionada por consumidores, empresas e até pelos governos, se atua de forma lenta. A questão é o tipo de pressão que pode ser feita”.


Paulo César Coutinho, da Universidade de Brasília, acredita que o modelo teve um projeto adequado – a implantação errada é que enfraquece as agências e as leva a apresentar desempenho muito irregular. Um dos maiores problemas, na sua visão, é justamente a ingerência do Poder Executivo. Tais excessos têm fundo ideológico, para o especialista.

 

“O PT sempre foi contra as privatizações. O entendimento do partido é que, uma vez que os setores foram privatizados, o governo precisaria ter um controle sobre eles. A independência das agências vai contra a maneira centralizada com que o PT gere o Estado. Também havia a idéia de que, como os antigos diretores das agências haviam sido indicadas por Fernando Henrique Cardoso, essa seria uma forma de o ex-presidente usurpar a implementação do programa de governo de Lula e a gestão de setores estratégicos da economia do país.”

 

O mesmo tema é tratado pelo O Estado de São Paulo (Pressão do governo asfixia agências, 15.06.2008). Criadas para atuar com independência e garantir regras estáveis a investidores e consumidores, afirma o jornal que as agências têm sido asfixiadas por intervenções do Executivo, contingenciamento de verbas, nomeações políticas e quadros incompletos de diretoria.

 

Segundo Wanderlino Teixeira de Carvalho, presidente da Associação Brasileira das Agências Reguladoras, ao contrário da Anac, onde a intervenção foi explícita, nos demais casos, o enfraquecimento das autarquias ocorre de forma indireta. Sem recursos, diz ele, as agências ficam sem capacidade para fiscalizar os serviços e regulamentar os setores. Esse é um ponto crucial na atração de investimento em qualquer país, afirmam especialistas.

Para Jerson Kelman, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), “de fato, se não há autonomia orçamentária, a agência corre o risco de ter de negociar recursos com o Executivo e se deparar com um ministro mais afoito. Essa é uma preocupação legítima”.


Segundo Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura, outro problema  é a indicação de políticos para cargos que deveriam ser exercidos por técnicos. “Na ANP, a indicação do ex-deputado Haroldo Lima deixou o órgão desprotegido. Hoje a Petrobrás tem mais influência na regulação do setor que a ANP.”

 

As reportagens citadas demonstram que na experiência brasileira da intervenção regulatória, algumas distorções do sistema são notadas, especialmente, a falsa independência, que nas palavras de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, colaborador do blog, apenas desservem à administração pública, que perde eficiência, e à cidadania, que perde em garantias:

 

“A falsa independência, que consiste em subordinar politicamente a agência reguladora, seja de direito, pela criação de tutelas políticas indevidas sobre os dirigentes colegiados ou pela supressão das garantias de seus mandatos, seja de fato, pressionando-os indiretamente, resulta na criação de simulacros abastardados do instituto que apenas desservem à administração pública, que perde eficiência, e à cidadania, que perde em garantias.” (Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 213-214)