El Poder Legislativo a escena

Por Carlos Botassi

 

Junto al autoritarismo, el desprecio por la legalidad – entendida como acatamiento irrestricto de la Constitución y las demás normas inferiores – es, seguramente, la nota más clara del siempre inasible “ser argentino”. En rigor el autoritarismo es consecuencia de la ilegalidad y en la práctica ambos vicios se retroalimentan. Nos encontramos frente a dos caras de una misma moneda. En no pocas ocasiones al abuso del Poder se responde con la prepotencia del ciudadano. Poderosos y débiles ejercitan su cuota de ilegalidad/autoritarismo desde la posición de fuerza que les toque ocupar. Pensemos, por ejemplo, en la doméstica disputa entre automovilistas y peatones. Quienes conducen la máquina mortal imponen generalmente su voluntad y no reconocen senda de cruce alguna. A su turno el transeúnte atraviesa al trote en medio de la calle provocando la frenada urgente del automovilista o, amparado en su prioridad de paso, se solaza caminando con lentitud y displicencia frente al conductor ansioso por proseguir su marcha. Ninguno de los dos bandos actúa legítimamente y ambos desnudan su perfil autoritario. Salvando las distancias, el conflicto entre Gobierno y determinados sectores sociales no es diferente. Las autoridades incumplen su promesa de salariazo y revolución productiva y los piquetes urbanos atrapan de rehenes a la gente; el Poder Ejecutivo se declara socio privilegiado del sector agroexportador y el piquete rural disloca el sistema de abastecimiento nacional. Las dos partes en pugna son autoritarias y, por añadidura, ilegales. En el caso del agro la Presidenta no ignora que la Constitución Nacional asigna la potestad tributaria al Congreso y, a mismo tiempo, prohíbe delegarla en el Ejecutivo. Ergo, cuando invoca las inconstitucionales normas del Código Aduanero redactadas por el entonces ministro de la Junta Militar José Alfredo Martínez de Hoz, no hace más que apoyarse en la ilegalidad para avalar un gesto autoritario. Sus oponentes, en una indebida selección de conveniencia, enarbolan las disposiciones constitucionales que los favorecen y olvidan las inconvenientes para sus intereses. Al impedir el tránsito en las rutas violan el derecho esencial de transitar y privan de la libertad a miles de compatriotas, ocasionan daños irreparables a la salud y a la vida (caso de ambulancias y transporte de medicamentos demorados) y al bolsillo de la gente (restricción de la oferta de productos, inflación por desabastecimiento de alimentos e insumos industriales). También perjudican la imagen comercial nacional en el exterior al incumplir o demorar promesas de venta y provocan pérdida de mercados. Como si todo eso fuera poco, generan situaciones de grave enfrentamiento con los transportistas que prefirieren no acatar la medida y con la Gendarmería que empujó, arrastró por el piso y detuvo a los líderes huelguistas a pesar de que el discurso oficial haya intentado contrariar la realidad afirmando que no hubo violencia.

 

¿Cómo se transformó en virtuoso aquel círculo vicioso? Muy simple, aunque parezca milagroso en el reino de la anomia, volviendo a la legalidad que nunca debió abandonarse. El Poder Ejecutivo Nacional envió al Parlamento su proyecto de ley de retenciones y los productores cesaron con los cortes de rutas; y aunque hubiera sido preferible suspender las retenciones mientras se delibera, algo es algo. Para nosotros es tan natural la ilegalidad y el autoritarismo que un procedimiento tan elemental como enviar un proyecto de ley al Congreso se celebra casi con júbilo popular al interpretarse con razón como un reconocimiento de que un país republicano no se gobierna por decreto y resoluciones ministeriales. Sin embargo (y esto resulta esencial para que el insólito y triste episodio sirva de algo y el festejo sea completo), el sector agrícola contendiente y la sociedad toda debe comprender y reconocer que cortar rutas, provocar desabastecimiento e inflación son procederes ilícitos y autoritarios, tan ajenos al sistema democrático como las retenciones impuestas por voluntad de la Presidenta de la Nación, de su gabinete y del presidente del partido gobernante.

 

Si una vez sancionada la ley las retenciones se ratifican con una alícuota confiscatoria no debe “cerrarse el Congreso” como dijo algún dirigente rural en claro gesto autoritario/ilegal, ni deben cortarse las rutas, sino mantenerse a ultranza el camino correcto: denunciar su inconstitucionalidad ante los jueces. El Poder Judicial, último actor del reparto pero de rol esencial, aguarda tras bambalinas como la cenicienta de la obra que enfrenta a ricos contra poderosos. Su aparición en escena es la vacuna de civilidad contra el virus de la barbarie. Algunos magistrados han suspendido cautelarmente en casos concretos la aplicación del impuesto y la propia Corte Nacional se ha declarado competente en la demanda promovida por la Provincia de San Luis. El Estado de Derecho en ocasiones asoma como el tibio Sol de la lejana primavera. El Poder Legislativo tiene ahora el papel protagónico. Algunos descreen de su independencia política y auguran nuevos y peores males. Otros preferimos ser prudentes y nos consideramos obligados a ser optimistas. Algo deberá comenzar a cambiar en esta maltratada Nación Argentina. Por ahora como espectadores de una comedia dramática extensa e inconclusa los ciudadanos miramos hacia ese gran escenario de la democracia que es el Congreso. Algunos escépticos otros esperanzados. Sobre los legisladores recae la responsabilidad que coloca sobre sus espaldas la Constitución que han jurado acatar y defender.

1 comment so far

  1. Ismael Farrando on

    Felicito al prof. Carlos Botassi por su lúcido, fundado y valiente comentario sobre la actual situación en Argentina.
    Es hora que el Congreso de la Nación recobre su protagonismo político e institucional en bien de la República; protagonismo que se pierde cuando delega innecesariamente en el Ejecutivo o cuando se convierte solo en un simple expectador cuando éste se arroga inoportunas o infundadas competencias al dictar normas de naturaleza legislativa, más allá de lo que permite la Constitución.
    Por ello, la visión y el consejo sereno del Prof. Botassi en muy oportuno en las actuales ciurcunstancias, recalcando la labor y misión de cada uno de los órganos del poder en el juego constitucional de los controles mutuos y recíprocos entre ellos (Pérez Guilhou).
    Por ello, y ante la inquietud que pueda tener la ciudadanía ante la posibilidad de que el Congreso pudiera convalidar normas atentatorias contra principios constitucionales, ese mismo juego del esquema republicano de equilibrios y controles entre los apoderes. abrirá luego la instancia correspondiente para el examen del test constitucional a cargo del Poder Judicial de la Nación.
    Prof. Ismael Farrando (Mendoza, Argentina, Universidad Nacional de Cuyo)


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